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Jueves 22 de Abril, 2010
Crónica

Activistas de las minorías étnicas de Estados Unidos repudiaron hoy la ley SB 1070 de Arizona, que penaliza la presencia de indocumentados y permite que la policía aplique la ley federal de inmigración.

“Esta ley perpetúa la fantasía de que se pueden detener y deportar millones de personas del país como una solución a los problemas de inmigración”, dijo la presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Janet Murguía, el grupo hispano más grande del país.

La ley en Arizona, que entrará en efecto 90 días después en caso de que la promulgue la gobernadora Jan Brewer, propaga la noción que los trabajadores inmigrantes “son elementos criminales” que pueden ser detenidos y encarcelados, afirmó.

“Debido a que mi nombre es Murguía, ¿debo ahora llevar papeles para defender mi derecho de estar aquí cuando visite Arizona?”, preguntó la dirigente latina en una teleconferencia con activistas de las comunidades asiática, judía y afroestadunidense.

La ley convertirá a Arizona en un “estado policial” para los hispanos y los residentes legales, advirtió Murguía, quien urgió al presidente Barack Obama y al Congreso a que impulsen la legalización de unos 11 millones de indocumentados en el país.

El presidente de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, Wade Henderson, consideró como potencialmente “catastrófica” la medida, ya que podría llevar a arrestos con base en la apariencia de las personas, ya sea por su color u origen étnico.

“Nosotros en la comunidad judía sabemos muy bien la fea historia de los ataques a los inmigrantes, cuando eran dirigidos a nuestros padres y abuelos. No queremos que esa historia se repita para ninguna persona ni grupo”, dijo, por su parte, Deborah Lauter, directora de Derechos Civiles de la Liga Antidifamación (ADL).

De la misma manera, Karen Narasaki, presidenta del Centro de Justicia Asiática-Estadunidense (AAJC), recordó igualmente la discriminación y segregación que sufrieron en el pasado los inmigrantes asiáticos en el país.

Anotó que las medidas “divisivas” en Arizona, en caso de que entren en vigor, “empujarán a los indocumentados aún más a las sombras”.

El presidente del Fondo Mexicano-Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), Thomas Sáenz, informó que se presentarán ante los tribunales numerosos recursos legales en caso de que la gobernadora Brewer promulgue la ley.

Hilary Shelton, de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), calificó la ley en Arizona como “una receta para el desastre”.

gaa